Trama Gurtel

El cinturón que ata a la política

En alemán, Gürtel significa correa o cinturón, y peor recuerdo no se guardará de Francisco Correa, cerebro de una trama que hizo mover los cimientos del principal partido en España, el Partido Popular… pero sólo eso, mover sus cimientos, a pesar de que aún continúa la investigación política, la policial (de la que se tomó su nombre) y la judicial.

¿Qué ha ocurrido? Algo difícil de explicar al ciudadano que otorga su confianza a los partidos políticos y desea que operen con transparencia y ética; desde el comienzo del siglo XXI, el empresario Francisco Correa venía manteniendo relaciones de afinidad con el PP y se beneficiaba de tratos de favor para con sus empresas (grupo amplio, abarcando diversas sociedades) lo que suponía que éstas pagaban sobornos a políticos para lograr fondos públicos y contratos con administraciones públicas ventajosos, aparte de relajar las obligaciones legales en materia de Urbanismo y medio ambiente a que estaban obligadas las citadas compañías.

Las contraprestaciones recibidas por diferentes políticos del PP, difícilmente computables, se han calculado aproximadamente en 201 millones de euros, lo que generó toda una contabilidad paralela, oscura e ilegal, que sirvió en provecho del partido para financiar su actividad y sus campañas en elecciones, y de la que eran conocedores sus tesoreros, de los que el más sobresaliente fue Luis Bárcenas, entre 2008 y 2009. Por su conocimiento de los movimientos de dinero opaco, de su complicidad y actuaciones, fue imputado en la causa. Caso aparte fue su conocimiento de sobresueldos, recepción y gestión de fondos oscuros desde 1990 hasta el 2009, por lo que se abrió otra investigación que le situaba como responsable de pagos a cargos públicos.

En definitiva, el sumario de la Gürtel recoge la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales, de defraudación fiscal, de falsedad, cohecho, de asociación ilícita y de tráfico de influencias contra 45 personas, por beneficios otorgados por poderes públicos al sector privado, y con peticiones de pena que llegan hasta los 125 años en el caso de Francisco Correa. Se confiaba en que el silencio mantendría ocultas estas relaciones e influencias, asegurando por mucho tiempo el beneficio económico a cambio de asegurarse los antedichos favores públicos, pero desde que fueran conocidas por implicados y surgieran rencillas, desacuerdos o conflictos por el riesgo a que se exponían los autores y cómplices, generaría la denuncia del caso en 2007, precisamente por un exconcejal que recibió pagos de la trama.

Infografía de la trama Gurtel

En esta infografía se recogen los datos principales de la trama Gürtel.

Este caso ha pasado por tres jueces instructores, de Baltasar Garzón a Pablo Ruz; el primero, famoso por su lucha contra la corrupción y los casos penales más mediáticos en los 90 acabó sentenciado a 11 años de inhabilitación por escuchas ilegales a los abogados de los acusados en la investigación del caso, hechos por los que fue juzgado ante el Tribunal Supremo.

De los últimos estados del proceso constan la apertura de juicio oral no sin polémica por la aparente falta de la debida parcialidad para juzgar a los acusados, al haber 3 de los 6 jueces ostentado cargos en la administración o haber sido elegidos como miembros del CGPJ a instancias del PP; o la confirmación de más de 88 millones como fianza a Luis Bárcenas, dentro de este proceso para cubrir la responsabilidad civil y probables multas.

En el último estado de cosas, los medios se hacen eco de declaraciones aún más escandalosas, que deberán confirmarse en la todavía vigente investigación judicial, cuál es la posible implicación del presidente del Senado, Pío García-Escudero, aunque de momento no transciende más que visitaba a Correa en su despacho.

El caso afecta a las Comunidades de Madrid y Valencia, aunque sus ramificaciones, influencias e implicados cubren todo el territorio nacional. De Valencia, fue legendaria la imputación, declaración y posterior sobreseimiento de Francisco Camps, ex presidente de la Comunidad valenciana; se alegó el pago de sobornos en forma de trajes para el logro de concesiones a empresas de la trama. En Madrid, por relación con el epicentro del PP, cayeron cargos de confianza nombrados o reconocidos por Esperanza Aguirre, como Alberto López Viejo o Gerardo Galeote, entre otros altos cargos y miembros del Partido. Se estableció inclusive una posible conexión entre este caso y la trama Púnica, escándalo de corrupción donde se adjudicaban servicios públicos a empresas que, cómo en la Gürtel, pagaban comisiones ilegales, resultando el máximo beneficiario y organizador de la trama Francisco Granados, ex secretario general del PP en Madrid.

Estos casos nos llevan a conectar el llamado Compliance con la política; el sector público debe tomar las medidas, la protección y el protocolo del sector privado, ya que las medidas de transparencia han resultado meramente declarativas en la mayoría de los casos de corrupción. Por ejemplo, y entre otras recomendaciones, debería darse publicidad a partes interesadas (empresas contratantes) de la contabilidad pública al contratar y establecer relaciones con cualquier administración pública, así como un efectivo control del dinero negro por los sujetos obligados, desde bancos a notarios, al crear sociedades por personas relacionadas con partidos o actividad política; al realizar movimientos de efectivo o de cuentas bancarias en relación con actividad diaria o no de los partidos, y las cantidades tengan cierta relevancia, habida cuenta además de las restricciones legales a las donaciones para los partidos por parte de particulares y empresas (las cuales ya se incluyen en la Ley, pero debe asegurarse su cumplimiento).

Alberto Lloret.

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Alberto Lloret Mariño

Licenciado en Derecho y Máster en práctica jurídica por la Universidad de Zaragoza, especializado en Derecho bancario, arbitraje, y penal económico (compliance).

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