Justicia digital

La justicia digital en la plataforma de lanzamiento

Una disposición: la adicional única del Proyecto de Ley de reforma  de la LEC, aprobado el 27 de Febrero de 2015. Una fecha: el 1 de enero de 2016. Una determinación: el inicio de la “era electrónica” en la Administración de Justicia española y el consiguiente final del soporte papel.

Este pasado mes de enero, los medios se hacían eco de una noticia alarmante. El Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla señalaba como fecha para la celebración de juicio en un procedimiento por una sanción contra un trabajador el 6 de Febrero… ¡de 2019! Es decir, a 4 años y un mes vista. Un hecho inadmisible para una Administración que se debe a sus contribuyentes e inexplicable para un ciudadano corriente que la sufraga con sus impuestos pero que no recibe el servicio esperado.

Esta es la realidad que se vive muchos Juzgados españoles hoy día, también han sido objeto de escarnio mediático los archivos de los Juzgados de Móstoles. Órganos colapsados y superados por el número de expedientes que se apilan en sus escritorios. Desconozco si los bochornosos hechos sacados a la luz del público han sido el acicate definitivo para que el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, apretara definitivamente el acelerador de las reformas procesales en materia civil y penal.

La futura plasmación en norma legal tanto del Proyecto de Ley de reforma de la LEC como del Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa de la Administración de Justicia y del Registro Civil persigue una doble satisfacción:

  • la máxima celeridad y agilización en la tramitación de expedientes judiciales y del Registro Civil –básicamente la reclamación y obtención de certificados-.
  • el ahorro en costes para todas las partes implicadas: AAPP, profesionales y ciudadanos.

Engarzando con mi anterior artículo, de nuevo el arma de la que acertadamente se pretende valer el legislador es la tecnología y a este respecto, ya se ha anunciado una inyección de la nada despreciable cantidad de 47,6 millones de € -64 según la fuente-. Potenciar el uso de los SMS y el correo electrónico, medios habituales en el tráfico jurídico diario -y apoyado jurisprudencialmente por el Tribunal Supremo en Auto de 21 de Marzo de 2013– constituyen medios cuasi-inmediatos de notificación permitiendo también la constatación fehaciente de que el destinatario ha recibido la comunicación. Se pretende que los SMS sirvan, entre otros usos, para practicar citaciones a juicio o notificar suspensiones de vistas, y los correos electrónicos, por ejemplo, para comunicar sentencias o requisitorias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, evitando así el trámite burocrático que supone el correo ordinario.

Software para la justicia digital

Estas nuevas reformas vienen a añadirse a los medios tecnológicos ya existentes: presentación de demandas y escritos de forma telemática y envío/recepción de notificaciones vía Lexnet. Así, se apuesta fuertemente porque el 1 de enero de 2016 todos los sujetos –letrados, abogados del Estado, Ministerio Fiscal, Procuradores, Particulares…- podamos y debamos interactuar con todos los órganos y órdenes de la planta judicial española mediante soportes digitales, produciendo un mejor servicio al ciudadano, más rápido, más eficaz y con más garantías.

No quiero finalizar sin poner de relieve algunas cuestiones problemáticas que subsistirán a pesar de estas reformas. Las demandas que afecten a una pluralidad de sujetos van a seguir eternizándose por su propia naturaleza –ahí tenemos las macrocausas penales de tintes políticos como las ya conocidas Gürtel, EREs, Plaza o Púnica; o la macrodemanda de Adicae por las cláusulas suelo que tras más de 5 años se encuentra suspendida y a su vez generando un efecto tapón en los pleitos relativos a la materia por cuestión de litispendencia-. Lo mismo ocurre con las cuestiones prejudiciales que plantean los jueces nacionales al TJUE –que resuelve en torno a los 20 meses-. Y la misma problemática subsiste en cuanto a las comisiones rogatorias, un trámite lento, burocrático y farragoso. Entre otros, estos tres deberían ser algunos de los objetivos hacia los que apuntaran las próximas modificaciones.

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Jaime López Urdániz

Procurador colegiado de los tribunales de la ciudad de Zaragoza. Especializado en el área civil y el procesal civil, también tramita procedimientos en todas las jurisdicciones. Interesado en analizar la actualidad del mundo jurídico, su conexión con las nuevas tecnologías y reflexionar desde el punto de vista económico.
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