Modernización Administración Justicia

La modernización de la Administración de Justicia

O de los pasos que se han seguido y se están siguiendo para la reducción total del soporte papel en las relaciones entre particulares y profesionales con la Administración de Justicia.

Parece que 2015 va a ser el año en el que, definitivamente y de forma masiva, podamos decir que asistiremos a la efectiva tecnologización de la Administración de Justicia en España. Un proceso arduo para el que hay que remontarse nada menos que 21 años, a la Ley Orgánica 6/1994 de 8 de Noviembre, cuando el legislador parecía intuir la revolución tecnológica que no tardaría en llegar. La modificación que incorporaba esta Ley Orgánica sobre la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial establecía la posibilidad de que tanto órganos judiciales como quienes interactuasen con ellos –profesionales, ciudadanos y empresas, otros entes públicos…- utilizasen medios electrónicos, en sentido amplio. Esta nueva redacción tuvo su reflejo posterior en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y particularmente en arts. como el 135.5 o el 135.6 relativos a presentación de escritos y traslados de copias, o el 162 referente a actos de comunicación.

La herramienta determinante en todo el entramado ha sido Lexnet, regulada por el Real Decreto 84/2007 de 26 de enero y definida como plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos. Esta plataforma, hasta mediados del año 2014, había consistido básicamente en el medio a través del cual los Juzgados notificaban sus resoluciones, principalmente a los Procuradores de los Tribunales. Con la entrada en vigor de la Ley 18/2011 de 5 de julio, se pretendió dar un empujón definitivo a esta tendencia modernizadora de la Administración, y de la Justicia en particular. En su art. 6.3 establecía que los profesionales de la justicia (…) tienen el deber de utilizar los medios electrónicos (…) en materia de justicia (…). Este precepto es importante puesto que impone, por mandato legal, a los profesionales –en sentido amplio- la obligación de ser sujetos activos, es decir, presentar escritos de trámite, demandas, querellas… por vía telemática, así como a realizar los traslados de copias entre partes de este modo (arts. 36.3 y 39) de una forma sencilla, económica y segura.

Las ventajas que propone este sistema son obvias y podríamos hablar de dos vertientes:

  1. La actualización de la administración y la explotación de los medios tecnológicos existentes para procurar la mejora y la agilización de los trámites administrativos, y que tendría un efecto directo en el ciudadano ya que vería cómo los procedimientos se tramitan con mayor celeridad y sin demoras innecesarias.
  2. El consiguiente ahorro en los costes. El empleo de Lexnet para notificar resoluciones ya supone un ahorro de 89 millones de €/año -2 €/notificación-, y cada paso hacia adelante en esta línea sería seguir una saludable tendencia hacia la reducción del gasto público. Como se observa en el gráfico de abajo,  la reducción del Presupuesto para Justicia es ya una realidad: un 13,28 % entre los años 2011 y 2015, equivalente a 223 millones de € –de 1.680 millones de € a 1.457 millones de €-. Sin embargo, soy de los que piensan que esta reducción en costes superfluos debe tener su contrapeso en la reinversión de estos, o de más, en mejorar los medios con los que se dota al personal y el número de personal a fin de que la tutela judicial sea efectiva como prescribe nuestra CE en su art. 24.
Presupuesto Ministerio Justicia 2011-2015

Presupuesto Ministerio de Justicia 2011-2015 (datos del Ministerio y PGE)

Lamentablemente, este va a ser un proceso lento pues no se han integrado a todos los actores desde el principio, ni siquiera todos los partidos judiciales. Letrados, Fiscales, Orden Penal… aún quedan al margen a día de hoy y a la espera de que se les dote de los medios para incorporarse. Si se pretende de verdad lograr la digitalización y modernización de la Administración de Justicia deben ponerse los medios necesarios para lograrlo y con prontitud. Además, sería deseable aprovechar esta coyuntura para agilizar trámites reconocidamente problemáticos y dilatorios de los procedimientos como son los exhortos entre Juzgados y las Comisiones Rogatorias entre diferentes países, cuestión esta última que causa cierto estupor, indignación e incomprensión cuando las comunicaciones son instantáneas no importa a la distancia que nos encontremos.

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Jaime López Urdániz

Procurador colegiado de los tribunales de la ciudad de Zaragoza. Especializado en el área civil y el procesal civil, también tramita procedimientos en todas las jurisdicciones. Interesado en analizar la actualidad del mundo jurídico, su conexión con las nuevas tecnologías y reflexionar desde el punto de vista económico.
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